‘Permiso para matar’: Casi 2,000 crímenes de guerra indignantes e impunes cometidos en México

Cubierta de dicho libro. (Fuente: Editorial Planeta).

Hace casi 20 años, 18 con el fin de ser exactos, la administración del abogado, economista y político mexicano Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) declaró la guerra al crimen organizado, desplegando a elementos de la policía, la marina y el ejército en operativos conjuntos, para brindar seguridad a la población y contener las actividades criminales.

¿Mas dichas fuerzas armadas de México nada más han actuado contra la delincuencia? La respuesta es no. Acerca de esta y otras preguntas trata el libro periodístico Permiso para matar: Una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, coordinado por Daniel Moreno, investigado por parte de Paris Martínez y analizado por Jacobo Dayán.

Moreno cursó la carrera de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es periodista y profesor de periodismo. Martínez es reportero centrado en grupos vulnerables, movimientos sociales, víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos (DDHH). Dayán es especialista en derechos humanos, derecho internacional y justicia transicional.

La obra periodística fue publicada por parte de la editorial española Planeta, bajo el sello de Ariel, a finales de julio de 2024. A lo largo de sus 208 páginas componentes, divididas en nueve capítulos, conocemos la cifra de mil 824 casos de personas desaparecidas de forma forzada y ejecutadas extrajudicialmente por policías estatales y federales, militares, marinos y guardias nacionales a partir de 2007.

¿Sabes cuál es la peor parte? Que dichas y dichos sujetos no contaban con alguna conexión con la delincuencia organizada, ni eran sospechosas o sospechosos, ni menos poseían indagaciones abiertas. En otras palabras, su crimen fue acudir al colegio, dirigirse al trabajo, salir a divertirse y encontrarse en su camino con integrantes de estas últimas fuerzas de seguridad del Estado.

Después de una indagación, la cual comenzó en 2020, duró dos años y en la que colaboraron 20 periodistas miembros de ocho medios de comunicación, a saber: Amapola (Guerrero), Animal Político (Ciudad de México), Así Como Suena (CDMX), Elefante Blanco (Tamaulipas), Lado B (Puebla), La Silla Rota (Veracruz), La Verdad (Chihuahua) y Noroeste (Sinaloa), el público lector conoce diferentes delitos de guerra, sabidos y otros no, mas absolutamente todos indignantes.

Continuando con el párrafo anterior, las lectoras, los lectores y lxs lectorxs de Permiso para matar: Una investigación acerca de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado conocemos los asesinatos de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, alumnos del Tecnológico de Monterrey, y de Eduardo Jiménez Aguilar y Jonathan Herrera Aguilar, estudiantes de secundaria de 14 y 15 años de edad, correspondientemente, entre otros.

¿Sabes cuál es la cereza del pastel? Bueno, de acuerdo con dicha obra periodística, que es un muy claro ejemplo del periodismo colaborativo, riguroso y exhaustivo, debido a que se buscaron datos en más de 60 mil informes oficiales, reportajes y trabajos académicos, nada más se abrieron carpetas de investigación contra 241 funcionarias públicas y funcionarios públicos por crímenes de lesa humanidad; de esta cifra, sólo se han condenado a 87 servidoras y servidores menores, no superiores.

El fenómeno es hacia toda la gente: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, y transexenal, pues han acontecido crímenes por parte de policías estatales y federales, militares, marinos y guardias nacionales durante los gobiernos de Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, pertenecientes a los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de manera respectiva.

Permiso para matar: Una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, el cual más allá de documentar dichos casos cuenta con miras a la regulación acerca del actuar de estas últimas, puedes adquirirlo con la casa editora anteriormente mencionada en formato físico a $269 pesos y en soporte digital a $189 pesos.

“Cada familia espera justicia, no el olvido”

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